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Estado de la libertad de prensa boliviana


Ayer, el 3 de mayo, fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra anualmente para crear conciencia sobre la importancia de la libertad de prensa y reconocer el significativo trabajo de los periodistas. Además, el día ofrece una gran oportunidad para revisar el estado de la libertad de prensa con mayor diligencia y también funciona como un recordatorio para que los estados respeten la libertad de prensa y la libre expresión. Este artículo celebrará el Día Mundial de la Libertad de Prensa al examinar el estado de la libertad de prensa en Bolivia.

Primero, el artículo cubrirá los antecedentes del día, así como los conceptos de libertad de prensa y libertad de expresión. La situación global se reflejará en breve antes de evaluar la condición de la libertad de prensa y la libre expresión en Bolivia. La atención se centrará investigando el acoso y la represión de periodistas, los ataques violentos y las amenazas contra periodistas, la autocensura y la impunidad de estos crímenes. El énfasis será especialmente en los eventos recientes en Bolivia, nominalmente los tiempos del gobierno de transición del presidente Jeanine Añez. Finalmente, se presentarán las observaciones de ITEI sobre el tema.

Trasfondo conceptual y situación global

El día celebra el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y marca el aniversario de la Declaración de Windhoek, una declaración que definió los principios básicos de libertad de prensa que deben seguirse en todo el mundo. La conmemoración es particularmente esencial este año porque los ataques contra periodistas están aumentando y las ideas de libertad de prensa y expresión están en peligro mundialmente. Están amenazados por ataques violentos e intimidaciones, pero también por el acoso a periodistas a través de actos de detención arbitraria, leyes restrictivas, control estatal excesivo o influencia sobre los medios y la censura.



La libertad de expresión y prensa son derechos humanos cruciales que son condiciones previas esenciales para la democracia y el funcionamiento adecuado de la sociedad civil. La libertad de prensa requiere que el entorno legal del país es favorable, los medios de comunicación están libres de presiones políticas, existan fuentes alternativas de información y que los factores económicos no afecten el acceso a la información. La libertad de expresión, en cambio, incluye los derechos: buscar, recibir e compartir información e ideas a través de cualquier medio e libremente de las fronteras.

La libertad de prensa es crucial porque los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como vigilante social que examina al gobierno y las élites. Además, los medios de comunicación brindan información a los ciudadanos para que las personas puedan construir sus propias opiniones. Los medios también facilitan las discusiones públicas sobre varios temas importantes. Por otro lado, la libertad de expresión es crucial por el simple hecho de que expresar las opiniones de uno es la esencia de ser humano.

El IFEX estima que más de 1000 periodistas han sido asesinados en todo el mundo desde 2006. Además, todos los días numerosos periodistas y personal de los medios sufren ataques no letales, como asaltos, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, acoso y violencia sexual. Estos crímenes están comprometidos a silenciar la verdad y las fuentes alternativas de información, lo que expondría los abusos de los derechos humanos, la corrupción y otros crímenes a una audiencia más amplia. Por lo tanto, la violencia, el acoso y la tortura contra periodistas limitan cruelmente el acceso del público a información crucial e imparcial. Esta es una grave violación de la libertad de prensa y del derecho del público a saber lo que está sucediendo mundialmente.

Aún más extraordinario que el número de crímenes contra periodistas, es la cantidad de impunidad relacionada con estos crímenes. La impunidad es horrible, ya que el 90% de los casos quedan impunes. El hecho de que la impunidad sea tan común conduce a una cantidad aún mayor de violencia y crímenes contra periodistas porque lo indica a los atacantes que no habrá sanciones por "humillar la verdad". Esto amenaza la libertad de expresión y de prensa – pero también la capacidad del poder judicial para protegerlos – y también se pone en peligro toda la base de nuestras sociedades civiles y el imperio de la ley cuando se permite que prevalezca la impunidad.

Situación boliviana

Globalmente, la libertad de prensa y la libertad de expresión en Bolivia no están altamente clasificadas. Por ejemplo, en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras, Bolivia ocupó el puesto 114 de 180 países. Para poner el ranking en contexto, Bolivia obtuvo un puntaje similar con países como Malí – un país que experimenta una guerra civil –, Nicaragua – un país liderado por una dictadura – y Afganistán – un país que lucha con años de terrorismo y guerra. Además, el informe “Libertad de Prensa 2017” del Freedom House clasificó a los medios de comunicación de Bolivia como "parcialmente libres". Especialmente, los ataques, las amenazas, la censura y el acoso por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales han debilitado la libertad de prensa y la libre expresión en Bolivia.


(Periodista atacado mientras informaba sobre las protestas de 2019)


El estado boliviano utiliza un triángulo de intimidación, acoso y represión hacia los medios de comunicación para controlar lo que se puede decir y escribir públicamente. Los métodos incluyen ataques verbales públicos, detenciones arbitrarias, campañas de descrédito, amenazas y persecución contra los periodistas. La vigilancia y la censura del estado también son sistematizadas en Bolivia, ya que la policía está monitoreando cada vez más las plataformas de redes sociales y los medios están en gran medida controlados por el estado. Juntas, estas acciones han obligado a los periodistas bolivianos a adoptar medidas de autocensura.

De hecho, la censura y la autocensura son problemas enormes en Bolivia. Una investigación encontró que más de la mitad (54%) de los periodistas se habían enfrentado a la censura durante su carrera e incluso más (59%) se habían autocensurado. Además, el 83% de los encuestados conocía a colegas que habían sido censurados. Considerando las estadísticas de censura, es fácil decir que las libertades de expresión y de prensa están actualmente amenazadas en Bolivia. Además, como veremos pronto, la autocensura incluso ha aumentado debido a la crisis política del año pasado.

Además del acoso estatal y el escrutinio abusivo, hay amenazas físicas regulares e incluso ataques violentos contra periodistas. De hecho, cientos de personal de los medios han sido amenazados y atacados físicamente y verbalmente en los últimos años. Incluso han ocurrido asesinatos de periodistas. Los delincuentes son en su mayoría funcionarios estatales, pero a veces también movimientos sociales progubernamentales. Aún más extraordinario, es la impunidad de los crímenes contra periodistas cuál es más como una norma que una excepción en Bolivia. Casi ninguno de los ataques contra periodistas han sido investigado y prácticamente ninguno de los culpables han sido condenado.

Eventos recientes

La crisis política de 2019 empeoró el estado ya débil de la libertad de prensa en Bolivia, ya que los eventos de octubre a noviembre y sus consecuencias deterioraron severamente la seguridad del personal de los medios. Hubo ataques sistemáticos contra los miembros de la prensa que solo estaban haciendo su trabajo de informar sobre las protestas. La policía utilizó gases lacrimógenos e incluso explosivos contra los periodistas. Además, los manifestantes también atacaron a la prensa quemando casas de periodistas, lanzando piedras a los periodistas y saboteando estaciones de televisión. También, se bloquearon las cuentas de redes sociales de algunos medios de comunicación.

(Periodista del Al-Jazeera siendo gaseado por la policía durante una transmisión en vivo)


De hecho, los ataques contra la libertad de expresión y toda la profesión de periodistas fueron tan duros que muchas agencias tuvieron que recurrir a la autocensura y suspender sus operaciones para proteger la vida de sus empleados. Esencialmente, la prensa boliviana estaba obligada violentamente a retirarse de su compromiso con la presentación de informes objetivos y de calidad durante la crisis. Por lo tanto, se puede decir que las voces antidemocráticas obtuvieron el control sobre el contenido de la prensa e instalaron el miedo en los medios de comunicación, los periodistas y, en general, hacia la práctica del periodismo.

Las interferencias del gobierno han aumentado y estas han hecho la operación de los medios sea mucho más difícil en el último año. Por ejemplo, el gobierno del MAS restringió severamente la libertad de los medios antes de las elecciones al poner en la lista negra y obligar a muchos periodistas “antigubernamentales” a quedarse sin trabajo y al obstruir la publicación de encuestas electorales antes de las elecciones. El gobierno de transición también ha interferido en la libre maniobra de la prensa. Por ejemplo, la ex ministra de Comunicaciones de Añez, Roxana Lizárraga, comentó que la libertad de expresión "tiene sus límites" en Bolivia. Además, el gobierno arrestó y hostigó a varios periodistas sobre la base de la "sedición", una acusación arbitraria que se ha utilizado regularmente, sin ninguna evidencia, contra los críticos y "opositores" del régimen actual.

Añez emitió recientemente un decreto de emergencia relacionado con el COVID-19 que permite al gobierno enjuiciar a cualquier persona quien los critica. El decreto está escrito de manera tan vaga que es imposible saber qué se caracterizaría por cruzar la línea de "desinformación" o "causar incertidumbre". Por lo tanto, el decreto es esencialmente una herramienta para atacar a los "enemigos del estado" y para frenar la libertad de expresión y la libertad de prensa en Bolivia. Además, los altos funcionarios del gobierno han usado un lenguaje fuerte para intimidar a los periodistas. Por ejemplo, el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, declaró que cualquiera que publique información falsa en las redes sociales será encarcelado por 10 años y obligado a curar a los pacientes con COVID-19. El decreto ha sido fuertemente condenado por el Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas.

El primer ejemplo del régimen de Añez usando este decreto para perseguir a sus opositores políticos es el caso de Mauricio Jara. Se le culpa por la desinformación y la propagación del odio, y el gobierno también lo acusa de sedición, instigación pública y ataque contra la salud pública. Parece que el gobierno está explotando la vaga noción de "desinformación" como una excusa para encarcelar a un activista de la oposición. En respuesta, 48 periodistas bolivianos han escrito una declaración pública condenando esta detención arbitraria y señalando la tendencia creciente del gobierno de violar la libertad de expresión. El pronunciamiento también reconoce el hecho de que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que Bolivia ha ratificado no reconocen ningún delito como "desinformación" y que simultáneamente protegen el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión.


Conclusiones

La libertad de prensa fue débil durante el régimen de Morales y no ha habido avances positivos durante el gobierno de transición de Añez. La situación se deterioró aún más durante las protestas y ahora durante el cierre de COVID-19. Los mayores desafíos para la libertad de prensa y la libertad de expresión en Bolivia incluyen la autocensura, la intimidación y los ataques contra periodistas, así como la persecución estatal de opositores políticos de manera arbitraria y ambigua. Debido a la situación actual de libertad de expresión y libertad de los medios, la democracia boliviana y los derechos humanos de los bolivianos también siguen amenazados.

El ITEI ciertamente reconoce la importancia de la libertad de prensa y la libre expresión en Bolivia. El ITEI cree que la tortura, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos por parte del estado deben ser denunciadas y escrutadas en público. El ITEI tiene como objetivo facilitar la discusión pública sobre la tortura y la violencia estatal en Bolivia e informar al público sobre estas prácticas en Bolivia. Para la erradicación de la tortura y la violencia estatal, es esencial que estos sean cubiertos en los medios y denunciados por el público. Esto es importante especialmente ahora porque muchas personas en Bolivia identifican la tortura y la violencia estatal como acciones del pasado, algo que practicaban los gobiernos militares. Para ganar la batalla contra la tortura, es fundamental que el público esté informado sobre su existencia y que la gente común también comience a exigir la terminación de estas prácticas. Por lo tanto, la libertad de prensa y la libertad de expresión son elementos vitales en la lucha contra la tortura y la violencia estatal.

4 de mayo de 2020

Valtteri Nurminen

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La Paz - Bolivia

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